La Constitución como base para alcanzar el bienestar colectivo

por | May 18, 2020 | Espacios de Reflexión

Tu Asesor Legal

Contenido de expertos en colaboración con Espacio Mutuo

Por Antonia Nudman y Florencia Fuentealba

Asociadas de Albagli Zaliasnik

En el último tiempo cada vez ha cobrado más relevancia el análisis de nuestra Constitución desde una mirada humana y solidaria. Ante la eventual reforma constitucional, resulta importante identificar las herramientas que nos provee esta norma fundamental para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. De esta forma, no basta con analizar los componentes de nuestra Carta Fundamental, sino que también cómo ésta conversa y se coordina con nuestro sistema jurídico y social, estando presente en cada una de nuestras bases de convivencia.

Ahora, cuando hablamos de solidaridad, no nos referimos a los actos caritativos o altruistas como participar de una colecta voluntaria o una donación, sino que apuntamos a un concepto que comprende la solidaridad como un elemento de cohesión social, bajo la cual nos unimos en pos de un interés colectivo, el bien común para todas y todos. 

Así es justamente este interés colectivo, el bien común como fin último, aquél que fundamenta el espíritu de una Constitución y que nos permite definirla de modo intrínseco como un pacto social. 

En los términos antes señalados, se reconoce como un reflejo pleno de la sociedad a la cual rige, pues esta norma consagra y protege tanto las reglas de convivencia bajo las cuales nos sujetamos diariamente dentro de nuestro Estado, como los valores y principios bajo los cuales elegimos y queremos vivir. 

Dada la importancia, este pacto adquiere un carácter de supremo, lo cual implica que toda persona, organismo o institución, sea pública o privada, debe someterse a las disposiciones legales y principios establecidos en ella, al igual que todas las demás normas que forman parte de nuestro país. 

¿Cómo queremos organizarnos? ¿Cuáles serán las facultades y limitaciones de quienes ejerzan el poder? ¿Cómo vamos a elegir a nuestros representantes? o ¿Qué derechos y valores queremos proteger a toda costa y qué mecanismos o herramientas vamos a establecer para defenderlos y respetarlos? 

Como ejemplo concreto, podemos identificar la solidaridad antes descrita en el corazón de nuestra constitución, a través de los derechos fundamentales consagrados en la misma, los cuales corresponden a derechos inherentes a todo ser humano, vinculados a la dignidad de las personas y el libre desarrollo de la personalidad, los cuales deberán ser respetados por todos los poderes políticos, instituciones o personas, sean jurídicas o naturales, velando siempre por su integridad. 

En este sentido, debemos distinguir entre aquellos derechos que son individuales y aquellos que son colectivos. Un ejemplo de los primeros es el derecho a la igualdad ante la ley, principio fundamental que nos asegura un trato igualitario y no discriminador en términos negativos frente a las distintas disposiciones legales de nuestro país. En relación más directa con el bien común, toman vital importancia los derechos fundamentales colectivos, enfocados a un conjunto o grupo social como benefactor final, mediante los cuales se busca proteger su bienestar, asegurando, por ejemplo, el derecho a la educación, la salud o el derecho a sindicarse libremente. 

Las leyes y otros cuerpos normativos nos ayudan a aterrizar estos derechos abstractos y volverlos más visibles, desarrollando instituciones como Fonasa cuando hablamos de salud, o regulando la forma y requisitos que deberá cumplir un sindicato. De esta manera tenemos por un lado nuestra idea o valor contenido en el pacto social y por otro los mecanismos para que esa idea se desarrolle, en resguardo de la solidaridad bajo el concepto previamente definido. 

Los derechos antes mencionados son reconocidos por el Estado, los cuales no podrán ser trasgredidos y así, es la misma Constitución y el sistema jurídico, quienes otorgan métodos o mecanismos de protección tales como los recursos constitucionales de protección o amparo u otras acciones judiciales que permiten reparar los eventuales daños provocados.  

Sin duda, tanto la Constitución como las leyes son herramientas con un espíritu solidario como fundamento, y que nos ayudan a alcanzar al bien común, ya sea por las disposiciones expresas que estas contienen, los derechos que otorgan a los ciudadanos, o los mecanismos de protección para evitar abusos o injusticias que se alejen de aquello que definimos como fundamental.  

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